1) En marzo de 2020, se decreta el estado de alarma de forma ilegal e inconstitucional, y con una extensión de efectos incompatible con la definición y típica del estado de excepción.
2) Simultáneamente, queda suspendido el estado de derecho y las garantías constitucionales. El Tribunal Constitucional detiene indefinidamente su actividad, los Defensores del Pueblo cesan en sus obligaciones y queda paralizada la tramitación administrativa y judicial causando un caos que a fecha de hoy no se ha podido reparar.
3) El Tribunal Supremo y los Tribunales Superiores de Justicia eluden prestar a los ciudadanos una tutela judicial efectiva en términos razonables llevando a dilatar los procesos mucho más de lo razonable.
4) La jurisdicción penal, lejos de servir para evitar la consumación o la continuidad de los delitos denunciados, ha decidido detener su actividad y amparar con su silencio esta situación ilícita y esta actuación antijurídica del Gobierno. Hemos visto instrucciones escritas para negar el tratamiento a los ancianos, causando muertes a las que los juzgados dan la espalda.
5) El Gobierno, lejos de justificar su actitud y la razón de las medidas, oculta toda la información. A fecha de hoy, desconocemos los responsables de las medidas y los informes que justifican el confinamiento, el uso de mascarillas, las fumigaciones, la financiación de vacunas, las medidas escolares, la sedación de ancianos o la incineración de cadáveres.
6) El Gobierno, la oposición y las Comunidades Autónomas se empeñan no solo en ocultar datos sino en falsear los datos más elementales. De hecho, confunden PCR positivo con caso y a cualquier cosa con “brote”.
7) Los medios de comunicación van relatando las falsedades que promueve el Gobierno y la oposición sin la más mínima crítica ni comprobación. De tal manera que el informe del ejército sobre los rebrotes resultó ser falso, y el informe de la Generalitat de Cataluña, también resultó ser falso.
8) A finales de mayo de 2020 la Generalitat dio instrucciones de impedir la vuelta al colegio de los niños que no estuviesen vacunados, todo lo cual es contrario a la ley. La Generalitat tuvo que rectificar pero insistió en confundir y amenazar a los niños y a los padres.
9) A finales de Agosto, con la única justificación de datos falsos, se promueve por el Ministerio de Educación y de Sanidad una vuelta al colegio imposible, con medidas que rozan el delirio, injustificadas, degradantes e inútiles. Las medidas escolares -mascarilla, distancia, lavado de manos, etc-, la realización de pruebas PCR, las cuarentenas, etc. carecen de soporte legal y se amenaza a los padres con expedientes, sanciones, multas, cárcel y retirada de la patria potestad de no obedecer al Gobierno.
10) El Gobierno, la oposición y los Gobiernos Regionales, vienen funcionando desde hace años sin Ley de Presupuestos Generales del Estado. No sabemos cuánto dinero ingresa el Estado ni cuánto ni cómo gasta el dinero. Endeudados un 100% del PIB en Febrero, el Gobierno con la ayuda de toda la oposición perpetra en tres meses un endeudamiento que añade al anterior un 20%, es decir, el Estado entra en quiebra técnica imposible de superar.
11) La propuesta de rescate con dinero de la UE, la banca internacional y de fondos de inversión, pasa por el cumplimiento de órdenes suicidas como la paralización de la actividad económica. Y para la paralización económica necesitan falsear la gravedad de la crisis sanitaria, falseando la cifra de muertos o incluso provocando una mayor mortalidad; falseando los datos de brotes y de positivos.
12) En este contexto, las personas más vulnerables son las que más riesgo corren.
13) Los ancianos, por su parte, son “amenazados” con ser vacunados del neumococo y de la gripe, a pesar de las evidencias de que dichas vacunas han podido ser causa de una elevada mortalidad. Mientras se los vacuna, no existe ni un solo plan de protección real de los ancianos mediante sistemas de ayuda domiciliaria. Es por ello por lo que apelamos a las familias para que estén más vigilantes que nunca y se esfuercen en prestar atención personalizada y si se encuentran en una residencia de ancianos, entendemos que procede llevarlos a un domicilio si no se garantizan condiciones de cuidados con seguridad, transparencia y humanidad. El aislamiento de ancianos, no es una opción.
14) Los niños corren el riesgo de ser sometidos a condiciones inhumanas y degradantes, carentes de sentido y de proporcionalidad. Realizar pruebas PCR sin el consentimiento de los padres es ilegal. Cualquier asistencia sanitaria sin el consentimiento de los padres es ilegal. El confinamiento de menores es ilegal. La aplicación de instrucciones sin rango legal, es delictual si comprometen los derechos y libertades de los menores.
15) Todo lo anterior nos lleva a pensar que la vuelta al colegio esté diseñada para falsear y simular un aumento de brotes que sirva de excusa para volver a aterrorizar y confinar a la población.
De esta manera, nuestros hijos serían rehenes del Estado y utilizados a su antojo para arruinar al país y poderlos entregar a fondos de inversión de forma ventajosa.
16) Por todo lo anterior
SOLICITAMOS DE LA POBLACIÓN
1. No entren en provocaciones ni conflictos. Lo que el Gobierno quiere y necesita es estrés y violencia social. No caigan en ese error.
2. Tengan mucho cuidado con la “información oficial” que aparece sin datos, sin informes, son contraste.
3. Ante una actuación policial, graben el contexto -no la cara del agente-. Cuando graben, no estén solos para evitar que les roben la cámara, borren la grabación o destruyan el teléfono.
4. Mantengan la calma y refuercen los lazos familiares y de amistad. Mantengan el contacto con amigos. Refuercen las relaciones de apoyo con sus vecinos.
5. Si pueden tener a sus mayores en casa, cuidenlos personalmente.
6. Procuren una asistencia sanitaria o alternativa, de calidad y confianza.
7. Por razones de seguridad jurídica, física y psicológica, NO LLEVEN A LOS MENORES AL COLEGIO
La obligación de los padres es proteger a los hijos de todo peligro incluso si ese peligro es el propio Gobierno o sus agentes.
8. Si es un profesional de salud, de enseñanza o policial, ejerza su derecho a la objeción de conciencia que tienen reconocido y eviten cumplir órdenes ilegales. Ustedes son responsables directos de los daños que causen y obedecer órdenes no exime de culpa ni de responsabilidad.
