La Fiscalía archiva el caso contra el curandero Pàmies por su tratamiento con clorito de sodio para el coronavirus

La Fiscalía de Lleida ha archivado la investigación al curandero y activista Josep Pàmies y la entidad Dolça Revolució, denunciados por promocionar a través de Internet productos como el clorito de sodio -conocido como MMS- como tratamiento efectivo para combatir el coronavirus y por ofrecer consejos de salud sin tener la titulación adecuada.

El Ministerio Público abrió una investigación a raíz de las denuncias presentadas contra Pàmies y Dolça Revolució ante diferentes órganos por parte del Consejo de Colegios de Médicos de Cataluña (CCMC), el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM) y el Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Alicante (ICOM). La Fiscalía considera que los delitos investigados no se han podido acreditar y, por ello, ha acordado archivar las diligencias.

Los mencionados colegios de médicos denunciaron a Pàmies y a Dolça Revolució por promocionar sus soluciones a través de diferentes canales de Internet como Youtube o las webs dolcarevolucio.cat, pamiesvitae.com y brighteon.com. Durante la instrucción del expediente, el CCMC y el ICOM pusieron en conocimiento de la Fiscalía que los denunciados remitieron un correo electrónico desde la dirección dulcecloro@protonmail.com a todos los colegios de médicos del Estado con el asunto ‘Solicitud uso Dióxido de cloro’.

Con las diligencias efectuadas, la Fiscalía de Lleida considera que no queda acreditado que los denunciados fabriquen o vendan el producto conocido como MMS, ni tampoco que promocionen su venta. Tampoco se ha podido constatar que elaboren, dispensen, suministren o comercien con este producto. Por otra parte, la Fiscalía señala que no tiene constancia de denuncias por delitos de lesiones o estafa contra Pàmies y Dolça Revolució.

El MMS consiste en una solución de clorito de sodio que se elabora de manera artesanal. De las investigaciones llevadas a cabo, la Fiscalía no ha podido intervenir ni analizar este producto a los denunciados, lo que no ha permitido concretar la naturaleza, composición, niveles o porcentajes concretos de dióxido de cloro utilizados y los efectos exactos de las «dosis», «mezcla» o «solución». Al no haberse podido intervenir el producto, «no se ha podido justificar el perjuicio en forma de riesgo para la salud de los consumidores», señala el ministerio público.

En relación a los correos electrónicos enviados a los colegios de médicos de todo el Estado instando a los profesionales de la salud a recomendar el producto MMS que promocionan, la fiscalía no aprecia delito de coacciones por «no tener la intensidad suficiente para que accedan a las pretensiones de los denunciados «.

A partir de las diligencias efectuadas, la Fiscalía de Lleida ha acordado remitir testimonio de las actuaciones a la Dirección General de Ordenación y Regulación Sanitaria del Departament de Salut. Sin embargo, reconoce que los hechos objeto del procedimiento podrían derivar en una sanción administrativa para hacer publicidad de productos que no están autorizados. A su vez, el Ministerio Público indica a los denunciantes que pueden reiterar su denuncia ante el Juzgado de Instrucción en caso de no estar de acuerdo con la decisión de la Fiscalía.