La actual ofensiva contra toda medicina y disciplina terapéutica no “convencional” es tan agresiva que los dirigentes de la Organización Médica Colegial (OMC) están dispuestos a amenazar a los médicos que las ejercen con retirarles la licencia, inhabilitarles profesionalmente e, incluso, meterles en la cárcel. Al igual que en los más represivos regímenes dictatoriales están dispuestos a imponer sus «verdades» no con argumentos y manteniendo debates médicos y científicos sino con la fuerza del poder. Y claro, uno se pregunta a qué se debe tanta agresividad manifestada públicamente mediante constantes amenazas a través de los medios de comunicación que se han prestado a hacerles el juego. ¿Cuándo empezó a rodar la bola de nieve que puede acabar ahogando a miles de médicos y a decenas de miles de otros profesionales? ¿Lograrán su propósito o terminarán siendo ellos los procesados dado que si tuvieran razón es evidente que lo han consentido durante décadas poniendo en riesgo la salud y la vida de millones de personas?
El tiempo lo dirá pero todo indica que no van a lograr sus propósitos porque antes o después la sociedad se preguntará algo muy simple: ¿qué está pasando?, ¿por qué quiere criminalizarse a los 145.000 médicos y 160.000 terapeutas no médicos que según la Organización Mundial de la Salud (OMS) ejercen las medicinas no convencionales solo en la Unión Europea?

Y para saberlo basta seguir el rastro del dinero. ¿Quién pierde y quién gana con todo esto? Pregunta que tiene una respuesta evidente: pierden miles de médicos con consultas privadas, decenas de miles de profesionales no médicos, miles de herbolarios y parafarmacias, cientos de empresas de productos naturales, pequeños laboratorios y, sobre todo, los ciudadanos que se quedan sin opciones de afrontar sus problemas de salud con disciplinas y métodos de eficacia probada que además son inocuas.

Habría pues un solo ganador: la gran industria farmacéutica que quiere el monopolio de los tratamientos y acabar con los nutracéuticos, los complementos alimenticios y fitoterápicos, los ortomoleculares y los homeopáticos. Solo quieren en el mercado fármacos patentados, caros y meramente paliativos aunque la inmensa mayoría tenga graves efectos secundarios. Fármacos que ni previenen ni curan, solo alivian síntomas para que el enfermo tenga que consumirlos de por vida.

CONSTRUYENDO MENTIRAS

En fin, tratemos de entender cómo se gestó tan brutal campaña recordando algunos de los principales hitos. Y para ello vamos a remontarnos al informe que sobre terapias naturales publicó en 2011 el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad en el que se recoge su situación en España y Europa. De hecho es el primer y único documento oficial de nuestras autoridades sanitarias y cabe destacar que en él no se usa nunca los términos «pseudoterapia» y «pseudociencia». Se titula simplemente Terapias Naturales y fue elaborado durante un par de años por un grupo reducido constituido por representantes de las comunidades autónomas que más habían “trabajado” el tema -Cataluña y Andalucía-, la Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias del Instituto de Salud Carlos III, la Subdirección General de Alta Inspección y Cartera de Servicios y la Subdirección General de Ordenación Profesional, entidades coordinadas por la Dirección General de Ordenación Profesional, Cohesión del Sistema Nacional de Salud y Alta Inspección. Es decir, por instituciones consideradas por la medicina convencional altamente fiables, sin vinculación alguna con el mundo de las terapias naturales y cuyo prestigio nada tiene que ver con el reducido bagaje intelectual y profesional de los cinco autores que han elaborado el panfleto que ha servido de base al llamado Observatorio de la OMC contra las Pseudociencias, Pseudoterapias, Intrusismo y Sectas Sanitarias (uno de ellos es simplemente un experto informático).

Pues bien, en él no se pedía ni acabar con las terapias no convencionales, ni inhabilitar a quienes las ejercen, ni el cierre de web alguna solo porque hablen de ellas. Simplemente se dice que “en términos generales pocas terapias naturales han demostrado su eficacia en situaciones clínicas concretas mediante la aplicación de métodos científicos”. Matizando luego: “Sin embargo esta ausencia de demostración de su eficacia no debe ser considerada como sinónimo de ineficacia. Muchos pacientes refieren cierto grado de satisfacción asociado a una percepción de mejoría de los síntomas o en su bienestar o en calidad de vida aunque en muchas ocasiones no se dispone de estudios que permitan determinar si esta mejoría es debida al efecto específico causado por el tratamiento administrado o a un efecto placebo” (la negrita y subrayado es nuestro).

Y eso que se trató de un informe claramente sesgado que ignoró olímpicamente los miles de trabajos científicos existentes sobre ellas minusvalorando gratuitamente los resultados que se obtienen y -lo que es aún más grave- a quienes las ejercen aun sabiendo que muchos son médicos. De hecho tras la publicación de ese “informe” decidieron tener en cuenta el dicho de “no crees un problema donde no lo hay” y las autoridades decidieron que nada cambiara y que cada cual, ejerciendo su libertad, decidiera con quién y cómo tratarse. A fin de cuentas el 95,4% de la población española conoce alguna terapia natural, una de cada cuatro la ha utilizado y el grado de satisfacción roza el 100%. Además hay en España más de 10.000 médicos colegiados que usan alguna -o algunas- de ellas y unos 30.000 profesionales no médicos según la Asociación de Profesionales y Autónomos de las Terapias Naturales (COFENAT).

Perdida esa primera batalla la industria decidió entonces utilizar a los autodenominados “escépticos” que en España se agrupan en torno a dos organizaciones: la Alternativa Racional a las Pseudociencias-Sociedad para el Avance del Pensamiento Crítico que preside Félix Ares de Blas y el Círculo Escéptico cuya cabeza visible es Luis Alfonso Gámez. Hablamos de dos entidades que intentan erigirse en guardianes del cientifismo -a pesar de que la mayoría de sus miembros posee escasa formación académica y profesional- que a modo de nuevos inquisidores pretenden «quemar» en la hoguera pública a los herejes –investigadores, médicos y científicos- que no acepten los dogmas establecidos. Nuestra revista lo explicó amplia y documentadamente en el artículo Fundamentalistas científicos contra el pensamiento crítico que apareció en el nº 135 y puede leer en nuestra web: www.dsalud.com.

Fue la segunda batalla perdida porque nadie ha hecho nunca el más mínimo caso a tales individuos. Y es que el único argumento utilizado que parecía «razonable» fue el de que abandonar los tratamientos médicos convencionales para someterse a los complementarios o alternativos pone en riesgo la salud y la vida de quienes así lo hacen, argumento para el que jamás han aportado ni una sola prueba y que hoy se antoja ridículo comprobando las cifras del Instituto Nacional de Estadística (INE) sobre morbilidad hospitalaria ya que según las mismas en España mueren en los hospitales y clínicas mientras son tratados por médicos convencionales con los protocolos oficiales MÁS DE 400.000 PERSONAS AL AÑO (de ellas, más de 110.000 por cáncer). Insistimos: CADA AÑO.

LA MANIPULACIÓN DE LOS MEDIOS

La tercera batalla tardó dos años en llegar. En julio de 2013 un joven de 21 años llamado Mario Rodríguez falleció a consecuencia de una leucemia y su padre, Julián Rodríguez Giner -que según su propia exesposa no tenía ni dónde vivir- decidió denunciar al Presidente de la Sociedad Española de Nutrición Ortomolecular, José Ramón Llorente, acusándole de ser el responsable de la muerte de su hijo por sugerirle que no se sometiese al tratamiento que los oncólogos le recomendaban y hacerse pasar por médico sin serlo. Auténticas falacias por las que pide medio millón de euros de indemnización cuando sus acusaciones fueron desmentidas en el juzgado por la madre y la tía del joven habiendo ya archivado el juzgado la denuncia dos veces. Ni se hizo nunca pasar por médico ni es verdad que desaconsejara al joven someterse al tratamiento oncológico. Todo lo contrario. ¡Le animó a seguirlo!

Por eso la denuncia fue archivada por el Juzgado de Instrucción nº 7 de Valencia el 27 de junio de 2013 corroborándose la decisión el 3 de junio de 2015 y posteriormente el 29 de junio al rechazar un nuevo recurso. Éste llegó entonces a la sección 5ª de la Audiencia Provincial de Valencia que decidió ordenar al juzgado de instrucción que volviera a abrir el caso; y éste lo hizo solo que tras valorar las nuevas pruebas y declaraciones confirmaría íntegramente el auto anterior volviendo por segunda vez a archivarlo el 21 de octubre de 2016. Recurrido el segundo archivo la Audiencia ordenó nuevamente -el pasado 19 de enero de 2017- que volviese a abrirse el caso ordenando al juzgado que se le procesase al menos por «intrusismo profesional» aunque jamás se haya hecho pasar por médico y no haya recetado nunca un fármaco. Decisión esperpéntica sin recorrido jurídico pero sí político y mediático que varios juristas entienden puede ser un claro indicio de que este caso quiere utilizarse para intentar que judicialmente se considere “intrusismo profesional” atender a pacientes y sugerir tratamientos sin ser médico. Aunque quien lo haga deje claro que no lo es y no recete “fármacos”. En pocas palabras, se quiere utilizar a los tribunales para dar el monopolio de tratar los enfermos solo a los médicos aunque ello se oponga a las leyes internacionales y a las recomendaciones de la OMS, el Parlamento Europeo y la Asamblea del Consejo de Europa.

Cabe agregar que en esta desproporcionada y falaz campaña orquestada contra Llorente se prestaron a colaborar periodistas de algunos medios. Uno de ellos El País -diario otrora respetado- que al saber que la Audiencia ordenaba reabrir el caso publicó unos días después -en febrero de 2016- un reportaje titulado A mi hijo lo ha matado la incultura científica al que seguiría en marzo otro titulado Juicio contra el curandero del joven que murió tras abandonar la quimio… Eso sí, sin explicar que el caso había sido dos veces archivado y que la propia madre del joven fallecido había desmentido todas las acusaciones. Y no contar toda la verdad es sinónimo de MENTIR. Y otro tanto cabe decir de La Vanguardia que en abril de 2016 publicaba un reportaje que tituló así: Un padre denuncia al curandero que trató, sin éxito, la leucemia de su hijo. Ese mismo mes Redacción Médica ponía su granito de arena a la campaña con un artículo titulado Mi hijo murió por culpa de la pseudociencia.

En suma, un individuo separado que apenas veía a su hijo, que mintió en el juzgado, que tuvo que ser acogido en casa de su exesposa porque «no tenía donde meterse” y lo que busca es dinero -500.000 euros por “daños morales”- es el adalid de la campaña contra lo que algunos llaman «pseudoterapias» y «pseudociencias», conceptos que solo existen en la mente de quienes llaman así a toda disciplina o terapia que no asuma las «verdades» postuladas por los guardianes de la ortodoxia médica.

De hecho a partir de ese momento multitud de medios de comunicación -cadenas de televisión y radio, diarios, revistas, webs y blogs- convirtieron a ese individuo en «pobre víctima de un estafador sin escrúpulos» a pesar de que los juicios celebrados han demostrado ya -independientemente de si Llorente fuera acusado de «intrusismo», algo harto improbable- que el padre de Mario mintió en sede judicial y toda su historia es un montaje fraudulento. Lo que deja en absoluto ridículo a quienes se han hecho eco de sus mentiras. Es más, muchos obvian decir que tan singular personaje decidió además fundar la Asociación para proteger al enfermo de terapias pseudocientíficas (APETP) recibiendo rápidamente el inesperado e insólito apoyo de organismos oficiales y medios de comunicación. ¿Por qué? ¿Quién ha apoyado desde la sombra a semejante individuo? ¿Quizás los mismos que han creado y/o financian la mayoría de las asociaciones de enfermos? Veámoslo analizando la entidad más involucrada en toda esta historia: el Grupo Español de Pacientes con Cáncer (GEPAC), entidad privada no obligada a auditar de forma independiente sus cuentas y presentarlas ante las autoridades que en apenas 7 años ha crecido inexplicablemente como la espuma.

Fundada el 1 de septiembre de 2010 como entidad sin ánimo de lucro el propósito reconocido de GEPAC es el acceso a un diagnóstico rápido y a los mejores tratamientos disponibles -incluyendo la atención psicológica y social-, ofrecer información, formación y recursos a los pacientes con cáncer y a los familiares durante y después de la enfermedad, promover el avance de la investigación en oncología facilitando la participación de los pacientes en ensayos clínicos y estudios epidemiológicos, fomentar la formación multidisciplinar de los profesionales de la salud, promover la constitución de un registro de tumores a nivel estatal, fomentar legislaciones que adecúen la normativa laboral con el hecho de tener cáncer o tener un familiar directo con cáncer, trabajar para que la sociedad perciba el cáncer como una enfermedad que puede afectar a cualquier persona contribuyendo a su desestigmatización social y hacer que el cáncer sea una prioridad en la agenda política sanitaria fomentando la participación de los pacientes en los ámbitos de decisión de las políticas sanitarias.

Es decir, hace apenas 7 años aparece como por arte de magia y sin ayuda lica alguna una asociación de enfermos que en breve cuenta con 51 asociaciones integradas y 15 miembros corporativos diversificándose tan rápido que ya tienen 9 divisiones oncológicas: tumores raros, mama, cabeza y cuello, hígado, páncreas, próstata, pulmón, riñón, piel y melanoma. Y obviamente uno se pregunta cómo todo esto es posible, cómo un grupo de enfermos adquiere una estructura semejante y por qué desde el principio reconoce que va a dedicarse –entre otras cosas- a convencer a los enfermos a que se sometan a todo tipo de pruebas diagnósticas, a que hagan de cobayas, a constituir un registro de tumores, a formar multidisciplinarmente a los profesionales de la salud, a convencer a la gente de que la enfermedad es inevitable y hay que resignarse a cuestionables tratamientos oncológicos e incluso a participar en la toma de decisiones de las administraciones sanitarias. ¿Enfermos sin formación sanitaria preparando eventos para explicar a los expertos en cáncer lo que deben hacer? ¿Enfermos organizando jornadas y seminarios para formar académicamente a sus médicos en Oncología? ¿Qué disparate es ése? ¿Cómo alguien en su sano juicio puede creerse que GEPAC es una asociación real de enfermos y no un conglomerado creado por la industria para utilizarlos y hablar en su nombre?

Nuestra revista lo ha explicado muchas veces. La primera vez de forma extensa en el reportaje Las multinacionales farmacéuticas controlan gran parte de las asociaciones de enfermos que apareció en el nº 80 correspondiente a febrero de 2006 (puede leerlo en nuestra web: www.dsalud.com). Texto en el que contamos detalladamente que las grandes multinacionales farmacéuticas decidieron hace ya tiempo controlar el sistema sanitario desde su misma base, los pacientes, bien creando asociaciones de enfermos, bien controlando las ya creadas. La idea es aprovechar la sensibilidad social para prestigiar sus mensajes y sus tratamientos contando a veces con la colaboración de personalidades que prestan su imagen para tan “noble” causa. La verdad es que se aprovechan de ellas para prestigiar tales asociaciones de enfermos cuyo fin no es en realidad otro que el de asegurarse de que sólo sus productos farmacológicos sean social y científicamente aceptados. Y es que, ¿qué mejor propaganda para sus productos que la de los pacientes a los que van destinados? Una estrategia de grandes posibilidades ya que es fácil encontrar gente bienintencionada y altruista que se presta a colaborar con un fin tan “desinteresado” y “humanitario”. Campañas que no solo se consiguen gratis sino que a veces hasta financian los estados. Lo llamativo es que hoy, arrogantes y prepotentes, ni siquiera lo ocultan. La propia patronal farmacéutica española, Farmaindustria, admite sin tapujos desde hace años su enorme interés por las asociaciones de enfermos. De hecho realizó hace ya años una encuesta de gran envergadura para conocer en detalle cómo funcionan, cuántas existen en España, qué recursos poseen y cuáles son sus objetivos. El resultado fue el trabajo El paciente en España. Mapa Nacional de Asociaciones de Pacientes -dado a conocer en marzo de 2004- y en él Farmaindustria repite una idea de manera constante: las asociaciones de pacientes tienen un protagonismo cada vez mayor en la toma de decisiones de los agentes sanitarios y de la Administración por lo que hay que “ganarse su confianza” ya que pueden proporcionar nuevos e invalorables clientes. De ahí que recabase datos de 758 colectivos a fin de hacer “una fotografía del movimiento asociativo en España” localizando ya entonces 1.555 asociaciones de enfermos agrupadas en torno a 31 tipos de dolencias con medio millón de miembros cuyo control implicaba «muy buenas perspectivas de “negocio”.

Una estrategia que hizo que el Comité Permanente de Médicos Europeos -que agrupa hoy a casi dos millones de profesionales- denunciara ya el 11 de septiembre de 2004 en un comunicado oficial lo siguiente: “Es cada vez más evidente que la industria farmacéutica se interesa por la información sanitaria para promocionar sus medicamentos pero la información directa al paciente procedente de la industria debe considerarse, ante todo, marketing”.

En suma, las asociaciones de enfermos son hoy -mayoritariamente- simples apéndices de la industria farmacéutica. Las controlan casi por completo desde hace más de una década. Los días 20 y 21 de octubre de 2005 -sirva el dato como ejemplo- Barcelona acogió el I Congreso de Pacientes Españoles, primera vez que varias asociaciones de enfermos se coordinaban -más bien las coordinaron- para desarrollar un evento de esas características. Porque no fue una iniciativa popular. La organización corrió a cargo del denominado Foro Español de Pacientes que integraban la Asociación Española contra el Cáncer, la Federación de Diabéticos Españoles, la Fundación Hipercolesterolemia Familiar, la Liga Reumatológica Familiar, la Fundación Española del Corazón y la Federación Española de Enfermedades Raras.
Foro Español de Pacientes cuyos “miembros institucionales” eran las multinacionales Sanofi-Aventis y Merck Sharp & Dohme (MSD). Además ese “congreso de pacientes” contó también con el “patrocinio” de los laboratorios Roche, Pfizer, Almirall, AstraZeneca, Esteve y Amgen. Así que, ¿sabiendo esto alguien cree en serio que los “consejos” de esas asociaciones de “enfermos” son objetivos y desinteresados?

Es asimismo muy común que las web de los colectivos de enfermos sean «patrocinados» por laboratorios. La Fundación Hipercolesterolemia Familiar, por ejemplo, no tuvo reparo en reconocer entonces que la financiaban AstraZeneca, Almirall Prodesfarma, Bristol-Myers Squibb, Lacer, Esteve, Merck Sharp & Dohme ( MSD), Novartis y Schering-Plough.

La web pacientes.org fue creada por la multinacional Roche y estaba patrocinada por Merck Sharp & Dohme (DSM), la Global Alliance of Mental Illness Advocacy Organizations (GAMIAO) fue fundada por la Bristol-Myers Squibb y la International Association of Patient Organizations (IAPO) creada y financiada por un consorcio de 30 compañías farmacéuticas.

De todo esto -y de mucho más- dio cuenta nuestra revista hace ya 11 años y la situación no ha cambiado. Luisa Lores Aguin, radióloga española con 20 años de antigüedad y miembro de la Asociación Gallega para la Defensa de la Sanidad Pública, nos lo resumía claramente hace sólo unas semanas: “Cuando las farmacéuticas vieron que su imagen pública comenzaba a peligrar por su contacto directo con los médicos a través de los visitadores o de la organización de congresos pagados decidieron infiltrar el sistema sanitario y las asociaciones de pacientes para servirse de ellas”. Y los datos le dan la razón: en marzo de este año se publicó en JAMA un informe titulado Patient Advocacy Organizations, Industry Funding and Conflicts of Interest (Organizaciones de defensa del paciente, financiación de la industria y conflictos de interés) con Susannah Rose -de la Oficina de Experiencia del Paciente del Departamento de Bioética de la Cleveland Clinic- como autora principal en el que se describe cómo la industria controla las asociaciones de pacientes. Y en él se explica que dos terceras partes de las organizaciones reciben financiación de las industrias farmacéutica, instrumental y biotecnológica siendo claros los conflictos de intereses. “

EL GEPAC

 Hablamos en suma de asociaciones de pacientes que juegan un papel MUY ACTIVO que en realidad deciden quienes las manejan en la sombra. Pues bien, volvamos al relato de los hechos que en esta ocasión nos ocupa. Como antes explicamos la sección 5ª de la Audiencia Provincial de Valencia decidió el pasado 19 de enero de 2017 ordenar al Juzgado de Instrucción nº 7 de la capital que reabriera de nuevo el caso que por segunda vez había archivado el 5 de septiembre de 2016. Lo que nadie ha explicado es que en ese interregno -entre el 21 de octubre de 2016 y el 19 de enero de 2017- quienes mueven este asunto actuaron nuevamente. De hecho el Undécimo Congreso Nacional de Pacientes con Cáncer organizado por el Grupo Español de Pacientes con Cáncer (GEPAC) se celebró en Madrid los días 25, 26 y 27 de noviembre de 2016 y en él su presidenta, Begoña Barragán, repartió a los asistentes -e hizo público a través de los medios- un opúsculo titulado Mitos y Pseudoterapias, panfletillo tendencioso sin el más mínimo rigor y seriedad en el que tacha de pseudoterapias a 28 disciplinas terapéuticas y habla de 78 “mitos” a desterrar. Lo singular es que la propia Barragán reconocería al diario El País que lo habían elaborado miembros de la Asociación para proteger al enfermo de terapias pseudocientíficas (APETP) fundada por Julián Rodríguez Giner -el padre de Mario- de la que ella misma reconoció ser “miembro a título individual”. Con lo queda demostrada la estrecha conexión entre ambas entidades. Bueno, entre ellas y la Organización Médica Colegial (OMC) porque resulta que el famoso informe presuntamente elaborado por los integrantes del llamado Observatorio contra las Pseudociencias, Pseudoterapias, Intrusismo y Sectas Sanitarias –integrado por cinco personas que se han autoarrogado el derecho a decidir qué tipo de medicina o terapia es a su juicio científica y cuál no y que sin valorar con rigor absolutamente nada se han limitado a hacer una lista de todo aquello que a su parecer pertenece a la medicina no convencional y han decidido que solo por eso son “pseudociencias” o “pseudoterapias- realiza continuas referencias al trabajo de la APETP.

Pero sigamos para saber quiénes manejan los hilos porque en el mastodóntico congreso del Grupo Español de Pacientes con Cáncer (GEPAC) celebrado en noviembre de 2016 -con decenas de invitados, talleres y ponencias- estuvieron sus patrocinadores. De las tres «categorías» en las que propia entidad los divide: oro, plata y bronce. Estando en la categoría de Oro los laboratorios Janssen y Roche, en la de plata los laboratorios Shire y Takeda y en la de bronce los laboratorios Abbvie, Amgen, Boehringer, Bristol Meyers, Delcath, Astra Zeneca, Gilead, Lilly, Merck, Norgine, Ipsen y Pharma Mar así como el Centro Integral Oncológico Clara Campal del Grupo Hospitalario HM.

Y no sea el lector mal pensado y crea que la GEPAC está condicionada por tantos laboratorios ya que todo el mundo sabe que se trata de entidades benéficas con escaso ánimo de lucro que solo buscan lo mejor para los pobres enfermos.

Es más, es evidente que el objetivo principal del congreso fue el de «defender a los enfermos de las pseudoterapias». Así se lo aseguró Begoña Barragán a los medios de comunicación y no mintió ya que de las más de 70 conferencias y decenas de talleres celebrados se dedicó a ese asunto UNA. Se tituló Terapias complementarias y alternativas: riesgos para los pacientes con cáncer y no la dictó ni un médico, ni un biólogo, ni un farmacéutico, ni un químico, ni ningún experto en salud sino nada menos que un ingeniero informático, Emilio José Molina Cazorla, vicepresidente de la Asociación para proteger al enfermo de las terapias pseudocientíficas (APETP) –fundada por el padre de Mario- y miembro del Consejo Asesor de ARP-Sociedad para el Avance del Pensamiento Crítico (ARP-SAPC) y del Círculo Escéptico.

En suma, está completamente probada la conexión entre la ARP-SAPC, el Círculo Escéptico, la APEPT fundada por el padre de Mario, la GEPAC que preside Begoña Barragán, la Organización Médica Colegial (OMC) y varias de las multinacionales farmacéuticas más conocidas. Y si algún lector piensa que lo explicado se trata de una mera casualidad le diremos que entre los patrocinadores Oro de los congresos de 2012 y 2013 de la GEPAC –creada en 2010, no se olvide- estaban Roche, Novartis, Celgene y Janssen, en el de 2014 Janssen y Roche y en el de 2015 éstos dos más Merck y Sharp & Dohme. Y citamos solo los de la categoría Oro obviando los de plata y bronce para no agobiar el lector. En todo caso sépase que los principales patrocinadores reconocidos hoy por la GEPAC en su web son Janssen -que pertenece a la multinacional Johnson & Johnson,- Roche y Delcath Systems. Y los tres tienen una fuerte presencia en el mercado de fármacos oncológicos.

En fin, los enfermos de la GEPAC son tan listos y activos que han editado ya hasta guías de patologías y medicamentos. Son éstas:
-Guía del Cáncer de Próstata para pacientes y familiares. Patrocinada por Janssen.
-Guía del Cáncer de Páncreas para pacientes y familiares. Patrocinada por Celgene.
-Guía del Melanoma para pacientes y familiares. Patrocinada por Bristol-Myers.
–Guía de Cáncer de Pulmón para pacientes y familiares (en ésta no a parece el «patrocinador»).

Es más, la GEPAC también tiene guías de medicamento y se ocupa de “informar” sobre:
-Plerixafor, medicamento de Genzyme Europe / Sanofi Aventis.
-Tasigna, medicamento de Novartis.
-Pertuzumab, medicamento de Roche.
-Talidomida, medicamento de Celgene Europe.
-Vinorelbina oral, medicamento de Pierre Fabré Ibérica.
-Lenalidomida, medicamento de Celgene Europe.
-Velcade, medicamento de Janssen. Y,
-Obinutuzumab, medicamento de Roche.

Puestos en contacto con los tres principales laboratorios patrocinadores de GEPAC y con la propia asociación para conocer el alcance de los patrocinios seguíamos sin recibir respuesta en el momento de entregar este artículo a imprenta. Claro que cuando no se sabe qué responder a preguntas comprometidas el silencio suele ser la mejor respuesta. Lo único que sabemos es que según publicó El Mundo los ingresos de GEPAC superan el millón de euros anuales de los que el 99% procede de la industria. Y nos tememos que no van a contarnos nada más porque Begoña Barragán ya ha dicho que su asociación no está obligada a hacer públicas sus cuentas ni a explicar sus actividades por ser privada y no recibir subvenciones oficiales.

Agregaremos que también en 2010 se constituyó la Fundación Carlos Garrido (Fundaseth) -entidad que en su propia web reconoce colaborar desde su constitución con GEPAC y las asociaciones que integra- creada para «la ayuda a pacientes oncológicos, apoyo a las asociaciones de afectados por cáncer y fomento del progreso cultural y social» constituida por «profesionales de diferentes ámbitos del diseño, el marketing, la comunicación, el derecho, la docencia y el sector financiero e inmobiliario« que también son «supervivientes de cáncer«. El Boletín Oficial del Estado del 3 de febrero de 2011 dice sin embargo que fue constituida por la entidad Inversiones Malleo -empresa que se dedica solo a inversiones inmobiliarias-, la propia Begoña Barragán y Belén Gutiérrez Piñana. Sin comentarios.

FABRICANTES DE MENTIRAS

Pero sigamos hablando de GEPAC y digamos que el 8 de enero de 2014 fue despedido su entonces Director General –Víctor Rodríguez-, marcha a la que siguió la de más de una decena de empleados a los que se requisaron sus teléfonos móviles. Pedidas explicaciones por algunas de las asociaciones integrantes todas recibieron el silencio por respuesta. Incluso una integrante de la Asociación de pacientes de Linfoma, Mieloma, Leucemia y Síndromes Mieloproliferativo (AEAL) que decidió publicar una carta sobre lo ocurrido en la que entre otras cosas decía: “En la sede de Santa Hortensia hay seguridad vigilando no sé sabe qué. ¿A nuestros compañeros? ¿A todas esas personas que he nombrado antes y que han trabajado tantísimo todos estos años? Hay guardias de seguridad. ¿Entendéis lo que quiero decir? Les han quitado sus teléfonos y es que no me quiero ni plantear el hecho de que puedan estar invitando a dejar sus trabajos al resto del equipo (…) Yo sí he tenido la suerte de conocer a Victor y a todo su equipo. Victor es también un paciente, un enfermo de cáncer que conoce como nadie los entresijos de esta enfermedad -como yo, como tú, como todos- y no se merece -ni él ni nadie- este ‘maltrato’. Una asociación que alardea de entendernos mejor por ser todos enfermos de cáncer pone en la calle a su director general por un ‘asunto privado’. ¿Qué es esto? ¿Una sociedad limitada? ¿Una sociedad con ánimo de lucro?”. Begoña Barragán se limitaría a contestar al periodista del diario El Mundo que la interrogó sobre lo sucedido lo siguiente: “Esta es una empresa y los motivos son internos. No creo que debamos hacer público lo que pasa dentro”. Obviamente contactamos con algunos de los despedidos pero no han querido hablar en público y solo hemos podido extraer de las conversaciones que mantuvimos que el conflicto pudo deberse al oscurantismo de la contabilidad y a la dependencia que tiene la asociación de los laboratorios.

Terminamos indicando que dos años después de aquello la Asociación Europea de Pacientes con Mieloma denunciaría en los tribunales a Begoña Barragán comunicándolo el 20 de mayo de 2016 con un texto que decía. “Myeloma Patients Europe (MPE) entiende que ha sido defraudada por su extesorera Begoña Barragán que entre 2013 y 2014 hizo cuatro transferencias de dinero no autorizadas desde la cuenta bancaria de MPE a las organizaciones españolas AEAL y Fundaseth que estaban bajo su control y responsabilidad. En total, la Sra. Barragán transfirió a las cuentas de AEAL y Fundaseth ochenta y tres mil setecientos cincuenta euros (83.750 euros). La Sra. Barragán retuvo además la información y documentación sobre las cuentas financieras de MPE razón por la cual la Junta no descubrió esas transacciones financieras hasta después de que su mandato como tesorera de la MPE hubiera terminado”. De más está decir que AEAL y Begoña Barragán lo niegan todo y afirman que no hubo irregularidad alguna. El asunto pasaría al Juzgado nº 3 de San Sebastián de los Reyes y es difícil saber qué pasó porque en diciembre de 2016 ambas partes firmaron un acuerdo confidencial y extrajudicial para resolver el problema y no interviniera la Justicia. Solución en la que son expertas las multinacionales farmacéuticas cuando se ven envueltas en pleitos.

En fin, una vez conocido lo aquí explicado, ¿cree alguien de veras que la actual campaña contra las medicinas naturales, tradicionales, complementarias y alternativas no obedece a una conspiración perfectamente organizada? ¿O a alguien le parece normal que al frente de Grupo Español de Pacientes con Cáncer (GEPAC) no haya alguien afecto de esa enfermedad en lugar de una experta en empresas formada en la Universidad de Harvard sin relación alguna con la salud?

Francisco Sanmarti